El Gobierno ultima un Plan Nacional Unificado para enviar los menas que quiera a Madrid y Andalucía

La entrada de inmigrantes no deja de crecer en España por vía marítima. La llegada de menas sigue el mismo ritmo y Pedro Sánchez ha buscado una solución: un Plan Nacional de Acción General Unificado y común para todos los centros de protección de menores. Un plan que le permita decidir el número de menas destinado a cada territorio bajo el amparo de un supuesto pacto mayoritario entre los territorios. Se trata de la misma fórmula buscada con las comunidades autónomas y la gestión del Covid y que pretendió imponer criterios a las comunidades que no compartían las indicaciones de Sánchez.

El plan pretende, en última instancia, determinar desde el Gobierno el número de menas que se asignan a cada comunidad. Por supuesto, también y de forma especial, a Madrid y Andalucía. El plan aparece definido en un documento del PSOE ya en tramitación en el Senado. Se trata del Informe de la Ponencia para la reforma de la legislación en materia de inmigración. Y allí se señala en el punto 13.8. la adopción de “un plan nacional de acción general unificado y común para todos los centros de protección de menores que atiendan a niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados. En él se deberá incluir como punto esencial la implementación de la coordinación, así como el correspondiente diagnóstico y proyecto de intervención individual”.

Ese plan será la base. Y tomándolo como eje, el Gobierno pretende realizar un “abordaje de la inmigración desde una perspectiva integral y multisectorial para una política de acogida, inclusión y solidaridad desde y entre el Gobierno Central, las comunidades autónomas y entidades locales”. Traducido: que el Gobierno tenga un mecanismo de influencia sobre los distintos territorios.

El plan en su conjunto busca “fortalecer, impulsar y reactivar la Conferencia Sectorial de migraciones a fin de que, basándose en el principio de subsidiariedad y con una adecuada revisión legal del ámbito competencial, incentive a las comunidades autónomas para la atención de la migración en un marco compartido que genere mayores eficacias y sinergias”. Y con esa base se pretende “seguir ampliando la todavía insuficiente red de centros de acogida, potenciar el papel de los Servicios Sociales y las ONG que trabajan en este campo y evitar duplicidades innecesarias a nivel autonómico y del Gobierno Central”.

Porque todo debe ser, según ese plan, tutelado por el Estado. Todo, incluida la distribución de los cupos de menas: “Garantizar una distribución equitativa en el territorio y la homogeneidad de las condiciones de acogida, así como la posibilidad de poner en marcha órganos de participación ciudadana directa de carácter consultivo”, señala en otro de sus apartados. Y, puesto que lo tutela el Estado, será el Gobierno quien fuerce la adopción de acuerdos de acogida con los cupos determinados para cada comunidad autónoma.

Acuerdo entre comunidades

Para ello, el PSOE pretende, además, “establecer un acuerdo entre comunidades autónomas para un reparto solidario en el traslado de niñas, niños y adolescentes extranjeros no acompañados”. Como el acuerdo se deberá fijar por mayoría, el partido con inferioridad en territorios controlados tendrá todas las de perder. Y, hoy por hoy, ese partido es el PP.
Sánchez quiere aprovechar también este mismo mecanismo para “establecer protocolos e instrumentos de coordinación interprovincial e interregional que contribuyan al buen funcionamiento y a la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes en el acogimiento residencial en régimen abierto del sistema de protección”. Es decir, de nuevo, dosis de decisión central en el trato a los menas.

Y de todo ese paquete, Sánchez cuelga la “garantía de la asistencia sanitaria universal en todas las Comunidades Autónomas”; “facilitar el acceso a la formación y a la cualificación como instrumento para la integración, unificando criterios en el ámbito estatal”; “incorporar a las autoridades autonómicas y locales en el intermediario de inclusión” y “reforzar, en el marco de la lucha contra la trata, aquellos mecanismos nacionales de derivación que garanticen el intercambio de información así como la coordinación entre territorios y administraciones”.